El Presidente Trump emitió una orden ejecutiva el pasado 13 de marzo que busca combatir las afirmaciones fraudulentas por parte de fabricantes y vendedores extranjeros de que sus productos están hechos en EEUU.
La norma “Made in USA” de la Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC) prohíbe a los vendedores etiquetar productos como hechos en EEUU a menos que (1) el ensamblaje o procesamiento final, y todo el procesamiento significativo que se realice en los productos, tenga lugar en EEUU, y (2) todos o prácticamente todos los ingredientes o componentes de los productos se fabriquen y obtengan en EEUU. La norma también exige que todas las etiquetas “Made in USA” que aparezcan en catálogos de venta por correo sean veraces y no engañosas.
Sin embargo, la orden ejecutiva afirma sin citar ninguna evidencia que en el mercado digital actual los fabricantes y vendedores extranjeros afirman que sus productos se fabrican en EEUU cuando realmente dichos productos se producen y fabrican en gran medida en otros países. En respuesta, la orden ejecutiva dispone lo siguiente:
- ordena a la FTC que priorice las acciones coercitivas contra los vendedores y fabricantes que afirman falsamente que sus productos están hechos en EEUU, o que realizan afirmaciones similares sobre su origen estadounidense, en violación de las disposiciones legales en vigor;
- ordena a la FTC que considere la posibilidad de emitir propuestas regulatorias disponiendo que la omisión de un mercado en línea de establecer procedimientos para verificar las afirmaciones sobre el país de origen puede constituir un acto o práctica desleal o engañosa según la Ley de la Comisión Federal de Comercio;
- ordena a todas las agencias con supervisión de las prácticas de etiquetado del país de origen, en consulta con la FTC, que consideren nuevos reglamentos y directrices uniformes que promuevan el etiquetado voluntario del país de origen para los productos fabricados en EEUU; y
- exige a las agencias que supervisan los contratos y programas de adquisiciones gubernamentales que revisen y verifiquen periódicamente las afirmaciones de origen estadounidense de los productos que se venden al gobierno federal, retiren de las adquisiciones los productos que presenten información engañosa, y remitan a los infractores al Departamento de Justicia de EEUU para que se les apliquen las sanciones previstas en la Ley de Reclamaciones Falsas.
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