El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU ha confirmado un veredicto de US$26 millones emitido por un jurado contra un importador estadounidense por presentar a sabiendas declaraciones aduaneras falsas para evitar el pago de derechos antidumping de casi un 200 por ciento sobre conexiones soldadas importadas de China. Un competidor interpuso esta demanda como denunciante bajo la Ley Contra Reclamaciones Falsas (“False Claims Act”, o FCA), alegando que el importador afirmó falsamente que sus productos no estaban sujetos a derechos antidumping y los clasificó erróneamente como acoplamientos de acero en lugar de conexiones soldadas.
El Departamento de Comercio había dictaminado previamente que los productos del importador estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de una antigua medida antidumping sobre accesorios de tubería de acero al carbono para soldadura a tope. Esta decisión fue confirmada tanto por el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) como por el Circuito Federal. Sin embargo, el importador argumentó que carecía del conocimiento de la irregularidad exigido por la FCA porque, al momento de la importación, era objetivamente razonable creer que sus productos no estaban cubiertos por la medida antidumping.
El tribunal rechazó esta defensa de “razonabilidad objetiva” citando una decisión de 2023 de la Corte Suprema que sostiene que el conocimiento intencional de la FCA se basa en el conocimiento y la creencia reales de un acusado específico, no en lo que una persona razonable hipotética podría haber creído. El tribunal enfatizó que incluso si la medida de imposición de derechos antidumping fuera ambigua el importador aún podría ser responsable si actuó con ignorancia deliberada o con indiferencia temeraria, estándares que se cumplen en este caso con la evidencia de que el importador no investigó sus obligaciones arancelarias a pesar de los claros indicadores y la facilidad con la que se pudo haber encontrado la orden pertinente y las resoluciones previas.
El tribunal también aclaró que, si bien la FCA “indudablemente se superpone” con la disposición legal 19 USC 1592, que autoriza al gobierno estadounidense a recuperar derechos e imponer sanciones por declaraciones u omisiones falsas sustanciales en relación con las transacciones de importación, ambas leyes pueden operar simultáneamente. El tribunal explicó que la FCA complementa, en lugar de contradecir, la disposición legal 19 USC 1592, ya que solo el gobierno puede interponer demandas bajo este último estatuto mientras que la FCA permite a los denunciantes privados demandar cuando el gobierno no actúa directamente. El tribunal añadió que el Congreso no ha designado la disposición legal 19 USC 1592 como el único remedio para el fraude aduanero y, de hecho, modificó la FCA para garantizar que incluya las obligaciones de pago al gobierno, incluidos los aranceles aduaneros.
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