Recientemente se han presentado varios casos judiciales que impugnan la autoridad del presidente para imponer aranceles en virtud de la IEEPA, la autoridad legal citada para imponer los aranceles “recíprocos” que el presidente Trump anunció a principios de este mes, así como para los aranceles impuestos por separado sobre las importaciones procedentes de Canadá, México, China y Hong Kong.
Jason Kenner, quien dirige la Práctica de Litigios de ST&R, afirmó que, de los casos presentados hasta la fecha, uno presentado el pasado 14 de abril ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) parece tener las mejores perspectivas de alcanzar una decisión sobre el fondo debido a la jurisdicción exclusiva de este tribunal. Los importadores que presentaron este caso argumentan que:
- la IEEPA no otorga al presidente la autoridad que Trump ha alegado para “imponer aranceles unilateralmente sobre las mercancías importadas de cualquier país del mundo, en cualquier caso, calculados mediante cualquier metodología – o por mero capricho – de forma inmediata, sin previo aviso, sin comentarios públicos, sin introducción gradual ni retraso en la implementación”;
- el Congreso “sabe cómo otorgarle al presidente la autoridad para imponer o ajustar aranceles cuando lo desee, y lo ha hecho en estatutos más limitados”, pero no especificó dicha autoridad en la IEEPA;
- la interpretación del presidente de la IEEPA como la concesión de dicha autoridad no merece deferencia (de conformidad con la decisión de la Corte Suprema de 2024 en el caso Loper Bright);
- el déficit comercial de EEUU no constituye la “emergencia” que Trump alegó como justificación de los aranceles recíprocos bajo la IEEPA, ya que ha “persistido durante décadas” y por lo tanto no es “inusual ni extraordinaria”; y
- utilizar la IEEPA para imponer aranceles contraviene la doctrina de las cuestiones mayores, que exige al Congreso “hablar con claridad si desea asignar a una agencia decisiones de gran trascendencia económica y política.”
Los importadores también afirman que incluso si la IEEPA autorizara a un presidente a imponer aranceles, “constituiría una delegación ilegal” de la autoridad del Congreso para regular el comercio e imponer aranceles. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) publicado a principios de este año señaló que, generalmente, los tribunales federales han ratificado las leyes que delegan dicha autoridad al presidente. Sin embargo, dicho informe señaló un precedente judicial que establece que, al hacerlo, el Congreso debe establecer un “principio inteligible” que rija las acciones resultantes del poder ejecutivo, y los importadores argumentan que la IEEPA no establece dicho principio.
Por lo tanto, la demanda solicita al CIT que declare ilegal esta “toma de poder sin precedentes” y que detenga las acciones ejecutivas que imponen aranceles recíprocos en virtud de la IEEPA. Se espera que pronto se presente una moción de medida cautelar que podría detener dichos aranceles mientras el litigio continúa.
Se han presentado, o se espera que se presenten próximamente, casos similares en el CIT o en los tribunales de distrito de estadounidenses. Algunos de estos presentan argumentos adicionales, como que los aranceles de la IEEPA sobre China no tienen una conexión clara con la emergencia declarada respecto a las importaciones de fentanilo.
El Departamento de Justicia de EEUU está buscando transferir los casos presentados ante los tribunales de distrito al CIT y probablemente hará lo mismo con cualquier caso adicional que se presente en dichos tribunales. Sin embargo, es probable que los demandantes en esos casos se opongan a dicho esfuerzo, ya que podría socavar sus argumentos de que la IEEPA no es una ley que establezca aranceles o derechos, cuestiones sobre las que la CIT tiene jurisdicción exclusiva.
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