Background

Las autoridades de cumplimiento y sancionadoras del Comité de Inversiones Extranjeras en EEUU (CFIUS) se verán reforzadas en virtud de una nueva norma final que entrará en vigor el próximo 26 de diciembre. Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de EEUU indicó que esta norma, que prácticamente no ha sufrido modificaciones con respecto a la versión propuesta que fue emitida a principios de año, garantiza que “nuestro régimen de control de inversiones tenga un bisturí más afilado para abordar de forma más rápida y eficaz los riesgos de seguridad nacional que surgen en las revisiones del CFIUS.”

CFIUS tiene la autoridad de revisar, bloquear e incluso deshacer ciertas transacciones que involucren inversiones extranjeras en empresas u operaciones estadounidenses que puedan poner en peligro la seguridad nacional de EEUU. Los poderes de CFIUS se ampliaron en gran medida con la Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de Inversión Extranjera de 2018 (FIRRMA), que amplió la jurisdicción del comité para incluir tecnologías emergentes y fundamentales, añadió nuevos factores de seguridad nacional para que sean considerados por el comité, y fortaleció la capacidad de CFIUS para proteger la infraestructura crítica de cualquier interrupción por parte de gobiernos extranjeros. La FIRMMA también creó un requisito para que las partes presenten una declaración obligatoria (esencialmente una presentación de notificación previa) a CFIUS para ciertas inversiones de personas no estadounidenses en cualquier empresa estadounidense que produzca, diseñe, pruebe, fabrique o desarrolle una o más tecnologías críticas.

CFIUS puede imponer sanciones monetarias civiles y considerar otros remedios cuando se produzcan  violaciones de la ley pertinente (Sección 721 de la Ley de Producción de Defensa), de regulaciones asociadas, o de órdenes, condiciones o acuerdos de mitigación relacionados.

El Departamento del Tesoro ha realizado las siguientes actualizaciones a las regulaciones de CFIUS para aprovechar ciertas pautas de sanciones y cumplimiento emitidas en 2022 y reflejar las lecciones aprendidas en el curso del trabajo de monitoreo, cumplimiento y aplicación del departamento:

- aumentar de US$250,000 a US$5 millones la sanción monetaria civil máxima disponible e introducir un nuevo método para determinar la sanción máxima posible por incumplimiento de un acuerdo, condición u orden de mitigación impuesta;

- ampliar las circunstancias en las que se puede imponer una sanción monetaria civil debido a una declaración u omisión material errónea de una parte, incluso cuando ocurre (1) fuera de una revisión o investigación y (2) en el contexto de las funciones de monitoreo y cumplimiento de CFIUS;

- ampliar los tipos de información que CFIUS puede exigir que las partes de la transacción y otras personas presenten cuando se relacionen con ellas en transacciones que no se presentaron ante CFIUS;

- ampliar las instancias en las que CFIUS puede usar su autoridad de citación, incluso en relación con la evaluación del riesgo de seguridad nacional asociado con transacciones no notificadas;

- permitir que CFIUS establezca un plazo de no menos de tres días para que las partes de la transacción respondan a las propuestas de mitigación de riesgos para asuntos bajo revisión activa; y

- extender los plazos para presentar una petición para que CFIUS reconsidere una sanción y para que CFIUS responda.

Las medidas incluidas en esta norma pueden abordar lo que el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) ha descrito como un intenso debate sobre los riesgos adicionales para la seguridad nacional que plantean las inversiones extranjeras de empresas dirigidas, controladas o financiadas por China u otros países preocupantes, en particular en tecnologías emergentes, el acero y la agricultura.

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