Una reciente sanción impuesta por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) ha expuesto las diferencias existentes entre los líderes de las agencias sobre cuándo y por qué se deben utilizar tales sanciones y si otras herramientas pudieran ser más efectivas.
La CPSC indicó recientemente que ha aceptado provisionalmente un acuerdo de conciliación en virtud del cual una empresa estadounidense pagaría una multa civil de US$15.8 millones para resolver ciertos cargos en su contra que durante más de dos años no reportó defectos en 32 modelos de sus productos, los cuales fueron tanto importados como fabricados en EEUU, a pesar de varios informes de lesiones a consumidores.
El acuerdo también requiere que la empresa (1) implemente y mantenga un programa de cumplimiento y un sistema de controles y procedimientos internos diseñados para garantizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSA) y (2) presente tres informes anuales sobre su programa de cumplimiento y sus controles internos, además de auditorías internas sobre su eficacia.
Un comisionado de la CPSC dijo que si bien aceptó aprobar el acuerdo, le sigue preocupando que la agencia no tenga una metodología consistente para calcular los montos de las multas. Señaló que en este caso la CPSC impuso “una sanción civil casi máxima” a pesar de que no hubieron muertes, fue la primera infracción de la empresa, y “una lectura razonable de la evidencia” podría respaldar la conclusión de que la empresa se demoró en informar sobre los defectos de sus productos debido a “la falta de apreciación de la naturaleza del peligro más que por el ocultamiento del problema.” También dijo que la CPSC puede ser más eficaz “utilizando algunas de las otras herramientas de cumplimiento a su disposición, como exigir a las empresas que empleen terceras partes como monitores."
Sin embargo, otro comisionado señaló que cree que el uso de penas civiles máximas y, cuando esté justificado de remisiones penales, está “disuadiendo a los malos actores y brindando un tremendo retorno de la inversión para el contribuyente estadounidense.” Un tercer comisionado se mostró de acuerdo con esta apreciación y agregó que aumentar las penas máximas permitidas por la ley debería ser “una prioridad en la agenda de la comunidad de protección de los consumidores.”
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