El presidente Trump ha emitido un memorando que ordena a las agencias federales estadounidenses comenzar a derogar regulaciones ilegales, lo cual podría afectar a las normas aduaneras y comerciales.
El memorando cita diez decisiones de la Corte Suprema de EEUU de los últimos cinco años que reconocen límites constitucionales apropiados al poder de los burócratas no electos y restablecen el control sobre las acciones ilegales de las agencias. En febrero, Trump otorgó a las agencias federales 60 días para identificar ciertas categorías de regulaciones que son o podrían ser ilegales, particularmente a la luz de estas decisiones y para comenzar a planificar su derogación.
El nuevo memorando establece que, después de este período de revisión de 60 días (que ya venció o vencerá próximamente), las agencias federales tomarán medidas inmediatas para derogar cualquier regulación, o la parte de ella, que exceda claramente la autoridad legal de la agencia o que sea ilegal de alguna otra forma. Específicamente, una hoja informativa de la Casa Blanca establece que las agencias deberán derogar las regulaciones que:
- se promulgaron basándose en la deferencia de Chevron a las regulaciones de la agencia que interpretan leyes ambiguas y solo pueden defenderse basándose en dicha deferencia;
- violan la doctrina de las preguntas importantes (que prohíbe a las agencias reclamar amplias delegaciones de poder sobre un asunto importante en un texto legal que no otorga claramente dicha autoridad);
- autorizan procedimientos de ejecución que permiten a los tribunales de una agencia imponer sentencias o sanciones que solo pueden obtenerse mediante juicio por jurado;
- tienen costos que no están justificados por los beneficios públicos o para los cuales nunca se realizó un análisis costo-beneficio;
- son incompatibles con una interpretación debidamente delimitada de “aguas de los Estados Unidos”;
- se basan en supuestos fundamentales que han cambiado y ya no son defendibles;
- son incompatibles con una comprensión adecuada de la Cláusula de Expropiación, que protege la propiedad de ser expropiada por el gobierno sin compensación;
- imponen normas o preferencias racialmente discriminatorias; o
- no garantizan la igualdad de trato entre las instituciones religiosas y las instituciones seculares para fines específicos.
El memorando instruye a las agencias a derogar dichas regulaciones sin notificación ni consulta pública, siempre que sea compatible con la excepción de “causa justificada” de la Ley de Procedimiento Administrativo. “Esta excepción permite a las agencias prescindir de la elaboración de normas mediante notificación y consulta cuando dicho proceso sea ‘impracticable, innecesario o contrario al interés público’”, afirma el memorando, y “mantener y aplicar regulaciones aparentemente ilegales es claramente contrario al interés público.”
El memorando también instruye a las agencias federales a presentar a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, dentro de los 30 días posteriores a la finalización del período de revisión, un resumen de una página de cada regulación identificada como perteneciente a una de las categorías especificadas pero que no haya sido objeto de derogación.
Las regulaciones aduaneras y comerciales podrían estar entre las derogadas, pero aún no se ha publicado más información al respecto. Como resultado de ello, la notificación de la derogación de dichas regulaciones podría no llegar hasta su (prevista) publicación en el Registro Federal.
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