Background

Dos docenas de estados de EEUU presentaron una demanda ante el CIT el pasado 5 de marzo para impedir que la administración Trump utilice la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles sobre todas las importaciones estadounidenses durante los próximos 150 días.

El presidente invocó la Sección 122 para imponer un arancel de un 10 por ciento desde el 24 de febrero hasta el 23 de julio sobre todas las importaciones estadounidenses, inmediatamente después de que la Corte Suprema de EEUU decidiera el pasado 20 de febrero anular los aranceles que el presidente había impuesto en base a la IEEPA. El presidente ha declarado que aumentará el arancel de la Sección 122 hasta su máximo del 15 por ciento, pero al momento de publicar este informe todavía no se había tomado ninguna acción oficial al respecto.

Según un comunicado de prensa emitido por las autoridades estatales de California, la nueva demanda argumenta que la acción del Presidente Trump de imponer los aranceles de la Sección 122 “es ilegal porque las justificaciones del presidente para su uso no se ajustan a las circunstancias limitadas que exige la ley.” La Sección 122 permite al presidente imponer un recargo temporal sobre las importaciones de hasta un 15 por ciento ad valorem, cuotas temporales, o ambas, sobre las mercancías importadas por razones de balanza de pagos. Específicamente, las importaciones pueden restringirse para (1) abordar déficits cuantiosos y graves en la balanza de pagos estadounidense, (2) prevenir una depreciación inminente y significativa del dólar en los mercados cambiarios, o (3) cooperar con otros países para corregir un desequilibrio internacional en la balanza de pagos.

California afirma que Trump justificó la invocación de la Sección 122 con cuatro argumentos: (1) déficits comerciales persistentes, (2) balanza de ingresos primaria negativa, (3) disminución de la posición neta de inversión internacional de EEUU, y (4) déficit persistente en la balanza de ingresos secundarios. Sin embargo, según el comunicado de prensa, “ninguna de las cuatro justificaciones presentadas por el presidente constituye circunstancias en las que los aranceles de la Sección 122 serían legales y apropiados.”

California también destaca que la Sección 122 exige que los aranceles se apliquen de forma no discriminatoria entre países y de manera uniforme entre productos. Esto no ocurrió en este caso, ya que se excluyó de la medida a una amplia gama de productos y países, tales como productos agrícolas y alimenticios y minerales y metales, así como productos canadienses y mexicanos que no están sujetos a arancel bajo el T-MEC / USMCA y productos textiles y prendas de vestir de Centroamérica y la República Dominicana que no están sujetos a arancel bajo el CAFTA-DR. Además, la demanda incluye una reclamación contra CBP, argumentando que los lineamientos de la agencia que anuncian la implementación de la proclamación presidencial son ilegales según la Ley de Procedimiento Administrativo.

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