El Presidente Trump emitió el pasado 1 de marzo una orden ejecutiva que ordena al DOC iniciar una investigación bajo la Sección 232 sobre los efectos en la seguridad nacional de EEUU de las importaciones de madera, madera aserrada y sus productos derivados (como por ejemplo los productos de papel, los muebles y la ebanistería).
La orden ejecutiva indica que la industria de productos de madera es una industria manufacturera crítica, esencial para la seguridad nacional, la fortaleza económica y la resiliencia industrial de EEUU, y que juega un papel vital en industrias civiles clave como la construcción. Sin embargo, la orden ejecutiva afirma que EEUU “enfrenta vulnerabilidades significativas en las cadenas de suministro de madera a causa de madera, madera aserrada y sus productos derivados importados que inundan en el mercado de EEUU”, y que “los subsidios injustos y el apoyo de gobiernos extranjeros a la madera, la madera aserrada y sus productos derivados requieren acciones de conformidad con la Sección 232.”
La investigación evaluará factores como (1) la demanda actual y proyectada de madera (madera que no ha sido procesada) y madera aserrada (madera que ha sido procesada; por ejemplo, aserrada y cortada en tablas o tablones) en EEUU, el grado en que la producción nacional puede satisfacer esa demanda y el papel de las cadenas de suministro extranjeras, en particular los principales exportadores, para satisfacerla; (2) el impacto de los subsidios gubernamentales extranjeros y las prácticas comerciales predatorias en la competitividad de la industria estadounidense de productos de madera; (3) la viabilidad de aumentar la capacidad nacional para reducir las importaciones; y (4) el impacto de las políticas comerciales actuales en la producción nacional y si son necesarias medidas adicionales, incluidos aranceles o cuotas, para proteger la seguridad nacional.
Después de esta investigación, el DOC presentará (dentro de unos 270 días) un informe con sus hallazgos así como recomendaciones sobre (1) acciones para mitigar cualquier amenaza a la seguridad nacional, incluidos posibles aranceles, controles de exportación o incentivos para aumentar la producción nacional, y (2) el fortalecimiento de las cadenas de suministro de EEUU a través de inversiones estratégicas y reformas en materia de permisos.
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