Varios legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por los planes anunciados por el Presidente Biden para negociar acuerdos comerciales con socios en el Indopacífico y América Latina.
En una carta del 1 de agosto a la Representante Comercial de Estados Unidos Katherine Tai, la Secretaria de Comercio Gina Raimondo y otros funcionarios, nueve congresistas indicaron que si bien apoyan la “política comercial centrada en los trabajadores” que la administración del Presidente Biden está siguiendo como parte del Marco Económico del Indopacífico (IPEF) y la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), ese objetivo podría verse comprometido por la forma en que la administración está llevando a cabo esas iniciativas. Específicamente, la carta indica que IPEF y APEP “marcan una expansión significativa y preocupante” de los intentos de varias administraciones recientes de utilizar acuerdos ejecutivos bilaterales sobre temas específicos para evadir la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior y evitar el escrutinio público.
Los legisladores instaron a la Casa Blanca a “considerar las lecciones de negociaciones comerciales pasadas que con demasiada frecuencia se llevaron a cabo en secreto.” Señalaron que IPEF y APEP “fueron anunciados abruptamente sin una consulta sólida con el Congreso o las partes interesadas o un mandato del Congreso” y que ambas iniciativas actualmente incluyen “naciones con gobiernos autocráticos y terribles prácticas de derechos humanos y laborales.” Por el contrario, señalaron los legisladores, los participantes propuestos deberían ser revisados y reconsiderados en asociación con el Congreso y el público, y las partes interesadas externas deberían tener “la oportunidad de opinar desde el principio sobre las propuestas de objetivos de negociación específicos y…el borrador del texto.”
La carta también insta a la administración a “asumir compromisos concretos” para garantizar que IPEF y APEP apoyen una política comercial centrada en los trabajadores y no sean solo “un marco para reemplazar las cadenas de suministro existentes en China con relaciones de abastecimiento” en el Indopacífico y Latinoamérica. Como mínimo, dijeron los legisladores, los requisitos relacionados con el trabajo en estas iniciativas deberían incluir el cumplimiento de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo para proteger los derechos laborales básicos; la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso o infantil; una obligación afirmativa de investigar y juzgar los casos de amenazas o violencia contra los trabajadores y sindicatos por ejercer sus derechos laborales; y un mecanismo de resolución de disputas y aplicación basado en el mecanismo de respuesta rápida del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Estos compromisos deberían consagrarse no solo en los pilares comerciales de IPEF y APEP sino también en otros, incluidas las cadenas de suministro y la infraestructura, porque “los trabajadores están en el centro de los asuntos” cubiertos por estos pilares.
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