El Departamento de Justicia de EEUU estableció recientemente un Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Fraude Comercial “revitalizado” que “ejercerá enérgicamente medidas de cumplimiento” que podrían incluir cargos penales “contra quienes intenten evadir aranceles y otros derechos, así como contra los contrabandistas que intenten importar productos prohibidos a la economía estadounidense.”
El Departamento de Justicia afirma que un aspecto fundamental de la Política Comercial “América Primero” del presidente Trump es garantizar el cumplimiento de las leyes comerciales, incluido el pago de todos los aranceles y derechos aplicables. Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia menciona en particular los derechos antidumping y compensatorios y los aranceles de la Sección 301, pero cabe suponer que el departamento también se centrará en perseguir la evasión de otros aranceles, incluidos los establecidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, así como los que se puedan imponer en el futuro bajo otras disposiciones legales.
El comunicado de prensa afirma que “los estafadores que buscan desestabilizar y lucrarse con los mercados estadounidenses intentan cada vez más importar productos a precios inferiores al mercado que desestabilizan la industria sin pagar los aranceles y derechos legales, o contrabandeando artículos prohibidos que violan los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o que son ilegales.”
El grupo de trabajo, descrito por un alto funcionario de la administración como “revitalizado y ampliado”, responderá “persiguiendo a quienes violen las leyes aduaneras mediante acciones de cobro de aranceles y sanciones bajo la Ley Arancelaria de 1930, acciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas y, cuando corresponda, procesos penales paralelos, sanciones e incautaciones bajo las disposiciones del Título 18 sobre fraude comercial y conspiración.” El grupo de trabajo aprovechará la experiencia de las divisiones Civil y Penal del Departamento de Justicia, colaborará con CBP y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y aceptará recomendaciones y cooperación por parte de las industrias nacionales más perjudicadas por las prácticas comerciales desleales y el fraude comercial.
Brenna Jenny, Fiscal General Adjunta de la División Civil del Departamento de Justicia, señaló que el departamento ya ha estado activo en la lucha contra el fraude comercial en los últimos meses. “Desde marzo de este año la División de Litigios Comerciales ha llegado a acuerdos civiles para resolver acusaciones de evasión indebida de aranceles aduaneros en una amplia gama de productos, incluyendo pisos de madera multicapa, resina plástica, productos de aluminio extruido y productos con superficies de cuarzo”, declaró Jenny, quien añadió que “esperamos fortalecer la coordinación y el intercambio de información con nuestros colegas de las fuerzas del orden.”
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