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El Parlamento Europeo dio su aprobación final el pasado 23 de abril a una nueva norma que permitirá a la Unión Europea prohibir la venta, importación y exportación de bienes fabricados mediante el trabajo forzoso.

Según un comunicado de prensa del Parlamento Europeo, las autoridades de los estados miembros de la UE y la Comisión Europea podrán investigar productos, cadenas de suministro y fabricantes sospechosos. Las decisiones de investigar se basarán en información objetiva y verificable que pueda recibirse de, por ejemplo, organizaciones internacionales, autoridades cooperantes y denunciantes. Se tendrán en cuenta varios factores de riesgo, incluida la prevalencia del trabajo forzoso impuesto por el estado en ciertos sectores económicos y áreas geográficas.

Si se considera que un producto ha sido fabricado mediante trabajo forzoso, deberá retirarse del mercado de la UE y donarse, reciclarse o destruirse. Las empresas que no cumplan con estos requisitos podrán ser multadas. Es posible que se permita el retorno de los productos a la UE una vez que la empresa elimine el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro.

Una vez que el reglamento reciba la aprobación formal final del Consejo de la UE, se publicará en el Diario Oficial de la UE. Los estados miembros de la UE tendrán que empezar a aplicarlo en un plazo de tres años. La nueva norma esta disponible aquí.

Sandler, Travis & Rosenberg ofrece un conjunto integral de servicios para ayudar a las empresas a abordar los problemas relacionados con el trabajo forzoso alrededor del mundo, incluidas revisiones de las cadenas de suministro, estrategias de diligencia debida y remediación proactiva. ST&R también mantiene una página web actualizada con frecuencia que ofrece una amplia gama de información sobre los esfuerzos relacionados con el trabajo forzoso en EEUU y en todo el mundo. Para más información, póngase en contacto con supplychainvisibility@strtrade.com.

El Parlamento Europeo también aprobó el pasado 24 de abril una nueva directiva de debida diligencia que exigirá a las empresas y a sus socios “upstream” y “downstream” (incluidos el suministro, la producción y la distribución) prevenir, poner fin o mitigar sus impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Dichos impactos incluirán la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.

Un comunicado de prensa del Parlamento Europeo afirma que las empresas cubiertas tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar inversiones relacionadas, buscar garantías contractuales de sus socios, mejorar sus planes de negocios, o brindar apoyo a los socios comerciales pequeños y medianos para garantizar que cumplan con las nuevas obligaciones. Las empresas también tendrán que adoptar un plan de transición para hacer que sus modelos de negocio sean compatibles con el límite de calentamiento global de 1.5°C del Acuerdo de París.

La directiva se implementará gradualmente en función del tamaño de la empresa y, en última instancia, se aplicará a las empresas de la UE y a las empresas matrices con más de 1,000 empleados y una facturación mundial superior a 450 millones de euros (límites más altos que los propuestos inicialmente: 500 empleados y 150 millones de euros). También se aplicará a empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que garanticen una identidad corporativa común con una facturación mundial superior a 80 millones de euros, si al menos 22.5 millones de euros se generaron en concepto de regalías. También estarán cubiertas las empresas no pertenecientes a la UE, las empresas matrices, y las empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que alcancen los mismos umbrales.

El incumplimiento podrá conllevar una denuncia pública de la conducta de la empresa en cuestión así como multas de hasta el cinco por ciento de la facturación neta mundial de dicha empresa. Además, las empresas serán responsables cualquier daño causado por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que compensar íntegramente a sus víctimas.

Una vez que la directiva sea aprobada formalmente por el Consejo Europeo y publicada en el Diario Oficial de la UE, los estados miembros de la UE tendrán dos años para transponer las nuevas reglas a sus leyes nacionales.

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