El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP / GSP) provee trato libre de arancel a las importaciones de miles de productos de 119 países en vías de desarrollo. Este programa expiró el 31 de diciembre de 2020, lo que significa que los bienes elegibles han estado sujetos a aranceles en EEUU desde entonces. El Congreso debe actuar para que el programa sea reautorizado pero los legisladores no lo han hecho a pesar del tradicional apoyo bipartidista al programa debido a desacuerdos sobre si debería reformarse y en qué medida.
En una reciente audiencia del Comité de Finanzas del Senado se señaló que la renovación del SGP reduciría los costos para los productores estadounidenses, que según el Senador Mike Crapo (republicano por Idaho y el miembro de mayor rango del comité), han soportado US$3 billones adicionales en aranceles desde la expiración del programa. Al mismo tiempo, reautorizar el SGP también aumentaría los incentivos para trasladar las cadenas de suministro fuera de China.
Scott Lincicome, alto funcionario de política comercial del Cato Institute, indicó que “los nuevos aranceles impuestos desde que expiró el SGP no parecen haber alentado a los importadores estadounidenses a comprar productos estadounidenses”; en cambio, “hay cada vez mayor evidencia que los importadores estadounidenses y las multinacionales manufactureras se han trasladado desde los países del SGP a otros proveedores extranjeros, sobre todo China”, a pesar de que muchos de los productos chinos en cuestión están sujetos a aranceles adicionales bajo la Sección 301. Como resultado, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (demócrata por Oregón), dijo que “si Estados Unidos realmente quiere alejarse de los productos manufacturados chinos y crear empleos rojos, blancos y azules bien remunerados, renovar el SGP representa un buen comienzo.”
Allison Gill, directora jurídica de Global Labor Justice, indicó por su parte que la renovación del SGP sería beneficiosa no sólo para las empresas sino también para los trabajadores. Si bien el programa ha estado inactivo, Gill señaló que “los trabajadores y sus defensores no han podido aprovechar el programa para incentivar el cumplimiento de los derechos laborales o para imponer responsabilidades por cualquier violación.” La renovación del SGP restauraría esa influencia y también podría ser una oportunidad para “actualizar el marco de derechos laborales del SGP, alinear las normas laborales y ambientales con los acuerdos comerciales modernos e imponer un nivel mínimo de cumplimiento para mejorar el SGP como herramienta de rendición de cuentas.”
Wyden indicó que en 2021 el Senado aprobó una proyecto de ley para renovar y mejorar el SGP pero éste se paralizó en la Cámara. A principios de este año, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara aprobó un proyecto de ley para renovar retroactivamente el SGP hasta el 31 de diciembre de 2030 y realizar una serie de cambios. Wyden no mencionó ese proyecto de ley pero dijo que planea continuar trabajando con Crapo para lograr que la reautorización del SGP “cruce la línea de meta lo antes posible.” Por su parte, Crapo instó a los legisladores a impulsar un paquete legislativo que renueve el SGP, el programa de preferencias arancelarias para la región subsahariana (AGOA) y potencialmente otros programas de preferencias antes de la cumbre de los miembros del AGOA prevista para julio. También dijo que se debe rechazar cualquier esfuerzo que intente vincular dicho paquete al programa de Asistencia para el Ajuste Comercial (Trade Adjustment Assistance), el cual normalmente se vincula con la autoridad de promoción comercial.
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