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EEUU anunció el 20 de julio que ha solicitado consultas de resolución de controversias con México en virtud del T-MEC / USMCA con respecto a las acciones llevadas a cabo por México a favor de una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa estatal de servicios públicos de electricidad y petróleo y gas. Existe la posibilidad de que se pudieran adoptar medidas de represalia comercial si las dos partes no resuelven satisfactoriamente esta disputa.

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR), las empresas estadounidenses respondieron a las reformas del sector energético mexicano adoptadas en el 2013 (1) estableciendo y operando parques de energía eólica y solar e instalaciones de cogeneración y ciclo combinado en México que contribuirían con electricidad a la red eléctrica mexicana, (2) fortaleciendo los contratos de interconexión que llevan electricidad de EEUU a México a través de la frontera mediante cables, y (3) importando combustibles de origen estadounidense a México para su venta en estaciones de servicio.

Sin embargo, el USTR indica que desde diciembre de 2018 México ha seguido una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa estatal de electricidad, CFE, y la compañía de petróleo y gas, PEMEX. México también ha tomado, o está tomando, acciones o inacciones que están restringiendo la capacidad de las empresas privadas para participar de manera efectiva, si es que lo hacen, en el sector energético mexicano. Estas incluyen retrasar, denegar o no actuar sobre solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos; suspender o revocar permisos existentes; o bloquear de otro modo la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable, importar y exportar electricidad y combustible, almacenar o transferir combustible, y construir u operar estaciones de combustible minoristas.

El USTR indicó que estas políticas y prácticas parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México bajo el T-MEC, como por ejemplo bajo los capítulos de acceso al mercado, inversión y empresas estatales. También han “reducido en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país” y “amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano.”

Según las reglas del T-MEC, las dos partes deben iniciar consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de EEUU, a menos que decidan lo contrario. Si las consultas no logran resolver el asunto, EEUU puede solicitar el establecimiento de un panel.

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