El Presidente Trump emitió el pasado 29 de enero una nueva orden ejecutiva que establece un proceso para imponer aranceles adicionales sobre las importaciones de bienes de cualquier país que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo crudo o productos derivados del petróleo a Cuba.
En primer lugar, este mecanismo requiere que el secretario de comercio evalúe si un país ha realizado dichas transacciones. Una vez realizada dicha evaluación, el secretario de estado, en consulta con el representante comercial de EEUU y los secretarios de comercio, tesoro y seguridad nacional, deberán determinar conjuntamente si se deben aplicar aranceles y en qué medida. Sin embargo, la decisión final sobre cualquier acción de este tipo quedará en manos del presidente. La orden ejecutiva entró en vigor el pasado 30 de enero, lo que permite la aplicación inmediata de los aranceles una vez que se determinen los resultados.
Esta orden se emitió en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) tras determinarse que la seguridad nacional y la política exterior de EEUU se ven amenazadas por las acciones del gobierno cubano, incluyendo su alianza con países hostiles y actores maliciosos, la provisión de refugio a grupos terroristas transnacionales, y la desestabilización de la región mediante la migración y la violencia.
Para los importadores estadounidenses, el mayor riesgo a corto plazo es la volatilidad de las cadenas de suministro. Cualquier país que haya suministrado petróleo a Cuba podría enfrentar nuevos aranceles sobre algunos o todos sus productos que ingresen a EEUU. Esto podría afectar a los importadores de sectores que van desde la automoción hasta la agricultura, dependiendo de los países finalmente citados.
Los exportadores extranjeros enfrentan incertidumbres similares. La orden ejecutiva incluye amplias definiciones de transferencias indirectas de petróleo, lo que expone a las empresas que comercian a través de intermediarios a un posible escrutinio. Las multinacionales que operan en América Latina podrían verse obligadas a reforzar sus controles de cumplimiento para documentar y verificar el uso y el destino final de los envíos relacionados con el petróleo.
También existe la posibilidad de (1) nuevas medidas comerciales por parte de EEUU si los gobiernos extranjeros responden con sus propias restricciones, y (2) medidas adicionales si los aranceles impuestos no resultan efectivos. Por otra parte, la orden ejecutiva podría flexibilizarse si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza identificada o para alinearse con los objetivos de seguridad nacional o política exterior estadounidense.
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