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Un alto funcionario federal dijo la semana pasada que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) está contemplando una serie de cambios en sus políticas administrativas de aplicación de la ley para el control de las exportaciones y las leyes antiboicot con el objetivo de incentivar el cumplimiento y la disuasión y aumentar la prevención y la transparencia. El Subsecretario de Comercio para el Control de las Exportaciones, Matthew Axelrod, dijo en una reunión del Society for International Affairs celebrada el 16 de mayo que estos posibles cambios de política están diseñados tanto para proteger a EEUU de las crecientes amenazas de China, Rusia y otros estados como para “responsabilizar a aquellos que no cumplen con las reglas.”

Axelrod dijo que las sanciones administrativas, ya sean en combinación con sanciones penales o por sí mismas, “envían un mensaje contundente: implementen programas de cumplimiento efectivos al principio o arriésguense a sufrir sanciones más adelante que dañarán su reputación y sus resultados financieros, ya sea a través de sanciones monetarias severas, la posible denegación de privilegios de exportación, o ambas.” Axelrod indicó que si bien las autoridades administrativas de aplicación de la ley del BIS no conllevan penas de prisión para personas físicas debido a malas conductas, en el caso de las empresas estas autoridades pueden resultar en “casi el mismo castigo que conllevaría una condena penal: nos permiten imponer sanciones monetarias significativas, llegar a acuerdos que requieran una revisión del cumplimiento corporativo y, en casos extremos, denegar completamente la capacidad de exportar a la empresa.”

Para mantener el efecto disuasorio de estas autoridades administrativas, el BIS está llevando a cabo una revisión de su política que podría dar lugar a cambios en las siguientes áreas.

Cartas con cargos administrativos. Actualmente las cartas que contienen cargos administrativos no se hacen públicas hasta después de que se resuelva un caso, lo que según Axelrod significa que “las empresas que pueden estar llevando a cabo malas conductas similares no están completamente desincentivadas para detenerse, ya que no se les muestra un ejemplo en tiempo real de lo que sucede cuando se rompen nuestras reglas.” Por lo tanto, el BIS está considerando la posibilidad de hacer públicas las cartas con cargos administrativos cuando se presenten.

Acuerdos. El BIS ha permitido que empresas paguen una multa reducida sin tener que admitir mala conducta cuando ha resuelto los asuntos de aplicación administrativa antes de juicio. Axelrod mantiene, sin embargo, que esta política tiene “dos desventajas significativas”: no hay una declaración de hechos que exponga lo que hizo la empresa para meterse en problemas, lo que dificulta que otras empresas puedan aprender de los errores de sus pares; y otorgar a tales empresas una reducción significativa de la multa correspondiente “puede que no esté enviando un mensaje disuasorio tan fuerte como creemos que se justifica cuando se violan las leyes de exportación.” Por lo tanto, se está reconsiderando el uso de acuerdos de no admisión/no denegación.

Multas. Dada la cantidad de recursos federales que se necesitan para reunir la evidencia necesaria para presentar casos por violaciones de controles de exportación o medidas antiboicot, y considerando lo que está en juego en el ámbito de la seguridad nacional, Axelrod indicó que “las sanciones deben ser lo suficientemente altas para castigar y disuadir a aquellos que pudieran violar la ley.” Por lo tanto, el BIS está evaluando la posibilidad de aumentar las sanciones existentes y hasta que nivel llevarlas.

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