Afirmando que “las sanciones son la nueva FCPA” (la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero), la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco anunció a principios de este mes una intensificación de los esfuerzos por parte del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) para hacer cumplir las sanciones económicas impuestas por EEUU y los controles de exportación relacionados.
“En el entorno geopolítico complejo e incierto actual, el crimen corporativo y la seguridad nacional se superponen en un grado nunca antes visto”, dijo Monaco. Por lo tanto, el DOJ se está “renovando para enfrentar ese desafío”, incluyendo más personal y recursos para la División de Seguridad Nacional (NSD) y “redoblando las estrategias exitosas que hemos implementado para atacar los delitos cibernéticos y criptográficos.”
Según Monaco, los “compromisos significativos de reestructuración y de recursos” dentro de la NSD incluirán la incorporación de más de 25 nuevos fiscales que investigarán y enjuiciarán la evasión de sanciones, las violaciones de los controles de exportación y los delitos económicos similares. La división también nombrará a su primer abogado principal para el cumplimiento corporativo.
La NSD también tiene previsto emitir una serie aparentemente frecuente de avisos conjuntos con los departamentos de Comercio y Tesoro para informar al sector privado sobre las tendencias de cumplimiento y para transmitir las expectativas del DOJ en cuanto al cumplimiento relacionado con la seguridad nacional. El primer aviso se emitió el pasado 2 de marzo, centrándose en el uso de intermediarios externos o puntos de transbordo para evadir las sanciones y los controles de exportación relacionados con Rusia y Bielorrusia.
En términos más generales, señaló Monaco, a medida que la NSD “expanda su capacidad para investigar y enjuiciar violaciones de sanciones corporativas, trabajará en estrecha colaboración con las Oficinas de los Fiscales de EEUU y la División Criminal para aplicar estrategias de cumplimiento que han sido valiosas en otras áreas del DOJ.”
Por un lado, el DOJ ha trabajado para “empoderar a las empresas para que hagan lo correcto invirtiendo en cumplimiento, en cultura y en buena ciudadanía corporativa.” Por ejemplo, el DOJ está promoviendo el uso de relevaciones voluntarias de información (“voluntary self-disclosures”) y actualmente tiene una política única en todas las Oficinas de los Fiscales de EEUU según la cual “ningún componente del DOJ buscará una declaración de culpabilidad cuando una empresa haya revelado voluntariamente la información, cooperado y remediado voluntariamente su mala conducta.” El DOJ también está lanzando un programa piloto para recompensar a las empresas con programas que promuevan el cumplimiento, incluso a través de reducciones de multas para las empresas que buscan obtener una compensación por parte de infractores corporativos.
Por otro lado, dijo Monaco, el DOJ también está “empoderando a nuestros fiscales para que rindan cuentas a quienes no cumplan la ley.” Por ejemplo, el DOJ hará una inversión sustancial en la Unidad de Integridad Bancaria en la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal, la cual “tiene un historial significativo de enjuiciamiento de instituciones financieras globales por violaciones de sanciones.”
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