Negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo han acordado nuevas normas de diligencia debida corporativa para las empresas con sede o que operan en la Unión Europea. Según un comunicado de prensa del Parlamento Europeo, la nueva directiva establece obligaciones para que las empresas mitiguen su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la deforestación, el consumo excesivo de agua o el daño a los ecosistemas. Las empresas tendrán que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y el de sus socios – incluidos la producción, el suministro, el transporte y el almacenamiento, el diseño y la distribución – “sobre las personas y el planeta.”
Con este fin, las empresas deberán realizar inversiones, buscar garantías contractuales de sus socios, mejorar sus planes de negocios, o brindar apoyo a sus socios de pequeñas y medianas empresas. También tendrán que involucrarse significativamente con todos aquellos afectados por sus acciones, introducir un mecanismo de quejas, comunicar sus políticas de debida diligencia y monitorear periódicamente su efectividad.
El comunicado de prensa establece que estas obligaciones se aplicarán a:
- empresas de la UE y empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros;
- empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 40 millones de euros si se generan al menos 20 millones de euros en uno de los siguientes sectores: fabricación y comercio al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado; agricultura, incluidas la silvicultura y la pesca; fabricación de alimentos y comercio de materias primas agrícolas; extracción y comercio mayorista de recursos minerales o fabricación de productos relacionados; y construcción; y
- empresas no pertenecientes a la UE y empresas matrices con volumen de negocios equivalente en la UE.
Cada país de la UE supervisará el cumplimiento de estas obligaciones y podrá llevar a cabo inspecciones e investigaciones e imponer sanciones a las empresas que no cumplan con las reglas, incluidas multas de hasta el cinco por ciento de la facturación mundial neta de la empresa, además de utilizar baremos de cumplimiento como parte de los criterios de adjudicación de contratos públicos y de concesión. Además, las víctimas podrán emprender acciones legales por daños que pudieran haberse evitado con las medidas adecuadas de diligencia debida.
Según el comunicado de prensa, el proyecto de ley acordado debe ser aprobado formalmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos y el Parlamento Europeo en su conjunto, así como por el Consejo de la UE, antes de que pueda entrar en vigor.
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