Se necesitan más acciones para hacer cumplir las leyes y los reglamentos comerciales existentes, y posiblemente también nuevas medidas, para procurar que las cadenas de suministro de EEUU sean seguras y proteger a los trabajadores estadounidenses, según varias opiniones expresadas durante una reciente audiencia celebrada en Nueva York por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EEUU.
Nury Turkel, quien preside la U.S. Commission on International Religious Freedom, elogió la aprobación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) pero indicó que se requiere una aplicación más estricta de la ley. Turkel señaló que no se han incluido entidades adicionales en la Lista de Entidades de la UFLPA desde que se creó con 20 entidades en 2022, a pesar de las capacidades de investigación de las siete agencias federales que componen el Grupo de Trabajo para el Control del Trabajo Forzoso (FLETF) y la “investigación extensa y sólida” que se ha publicado desde entonces. También pidió al FLETF que anuncie sectores prioritarios adicionales para la UFLPA y la aplicación los requisitos sobre el trabajo forzoso, además de los 20 que ya fueron identificados en julio de 2021.
Otro testigo en la audiencia dijo que deberían aumentarse los aranceles existentes bajo la Sección 301 sobre las importaciones de productos chinos. John Romano lidera una importante empresa productora de dióxido de titanio, que indicó es un mineral “crítico para casi todo lo que se construye o fabrica en este país” y se elabora a través de un proceso que produce minerales de tierras raras como subproductos. Romano dijo que los aranceles de la Sección 301 han permitido a su empresa mantenerse en el negocio frente a las “tácticas injustas” empleadas por Beijing que han ayudado a China a aumentar su participación en la producción mundial de dióxido de titanio del 36 por ciento hace una década al 52 por ciento en la actualidad. Sin embargo, dado que se espera que esa participación aumente al 70 por ciento para 2030, Romano agregó que “los aranceles actuales de la Sección 301 pueden no ser lo suficientemente altos como para evitar un campo de juego desigual en los mercados estadounidenses.”
También se requiere una mejor aplicación de las reglas existentes más cerca de casa, dijo Dale Hemminger, propietario de una granja de productos lácteos y hortalizas en el estado de Nueva York. Hemminger reprendió a Canadá por mantener su mercado “mayoritariamente cerrado” a los productos lácteos estadounidenses durante 30 años a pesar de los compromisos del NAFTA / TLCAN y actualmente del USMCA / T-MEC. Agregó que los subsidios canadienses, “incluido un subsidio de exportación para el transporte por camión, subvenciones a la inversión e insumos de bajo costo controlados por el gobierno como la energía”, otorgan a los productores de hortalizas canadienses una ventaja injusta.
Los testigos instaron al gobierno federal a también considerar nuevas reglas. Por ejemplo, señaló Turkel, el Congreso debería reconsiderar el actual umbral para las importaciones de bajo valor bajo la disposición de minimis, que se incrementó de US$200 a US$800 hace casi una década, porque ha contribuido a la “vigilancia irregular o inexistente de las prohibiciones del Congreso sobre la importación de mercancías falsas, peligrosas y producidas mediante trabajo forzado.” Afirmó que este problema se ha visto exacerbado por los importadores que envían bienes a zonas de libre comercio de terceros países “para almacenar bienes que luego podrían venderse a los consumidores por debajo del umbral de minimis.” Thomas O'Shei, presidente de un sindicato local de trabajadores siderúrgicos en una planta de neumáticos del estado de Nueva York, se hizo eco de la recomendación de Turkel y agregó que otros países tienen niveles de minimis mucho más bajos y que esta “falta de reciprocidad significa que las empresas y los trabajadores estadounidenses no tienen la capacidad de competir.”
O'Shei también instó al Congreso a “hacer más para garantizar la igualdad de condiciones” mediante el endurecimiento de las leyes sobre remedios comerciales. Algunos cambios podrían incluir facilitar la posibilidad de atajar los subsidios otorgados por terceros países (como los otorgados bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China) y reconocer que las empresas globales “pueden cambiar rápidamente el dumping de un país a otro.” También expresó su apoyo a la legislación actualmente ante el Congreso que abordaría la evasión de derechos antidumping y compensatorios al aumentar las sanciones por violar las leyes aduaneras, permitir acciones contra las personas que cometen fraude aduanero y excluir a las personas que han cometido fraude de participar en el programa de importador registrado.
En términos más generales, dijo Turkel, el Congreso debería aprobar una legislación basada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que criminalizaría las acciones realizadas por entidades comerciales que ayudan, incitan, facilitan o incentivan el trabajo forzoso u otras violaciones. Dijo que dicha ley debería (1) poner las decisiones de cumplimiento en manos de los fiscales en lugar de entidades gubernamentales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) o entidades privadas, y (2) obligar a las empresas a realizar investigaciones internas, informar sobre prácticas comerciales poco éticas, mejorar los programas de cumplimiento, y crear programas de diligencia debida en materia corporativa y de derechos humanos.
Tal vez valga la pena recalcar que los testigos de la audiencia dedicaron poco o nada de su tiempo a abordar algunos de los problemas señalados por el presidente del comité, Jason Smith (Republicano por Missouri), incluida “una separación inteligente y estratégica de China”, reducir la dependencia de las cadenas de suministro de “naciones que no comparten nuestros valores ni tienen intereses alineados”, y “presionar a más socios comerciales para que abran sus mercados” a través de medidas con fuerza de ley. Se prestó un poco más de atención a dos problemas identificados por Richard Neal (Demócrata por Massachussets), incluidos posibles recortes presupuestarios para las agencias federales que administran y hacen cumplir las leyes comerciales estadounidenses (que según Neal podrían llegar al 22 por ciento de acuerdo a las actuales propuestas Republicanas de la Cámara) y reautorizar y reformar el programa de Asistencia de Ajuste Comercial para los trabajadores estadounidenses.
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