Recientes acontecimientos en el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) ponen de relieve un enfoque federal cada vez más sólido e institucionalizado en lo que respecta a las labores de fiscalización y cumplimiento de las normas comerciales y aduaneras.
A principios del 2025, el DOJ anunció que las prioridades de cumplimiento de su División Penal para procesar delitos corporativos y de cuello blanco incluirían a los defraudadores en materia de comercio y aduanas, incluidos aquellos que cometan evasión arancelaria. Posteriormente, el DOJ reforzó esta iniciativa mediante el lanzamiento de un Grupo de Trabajo Interinstitucional Sobre Fraude Comercial revitalizado, con un mandato a nivel nacional para investigar y procesar el fraude comercial y los casos conexos.
En abril del 2026, el DOJ anunció (y estableció formalmente el 24 de agosto) la División Nacional de Fiscalización de Fraudes, la cual consolidará y priorizará los esfuerzos para procesar fraudes que afecten la confianza pública y la integridad financiera, la atención sanitaria, la recaudación de impuestos, el comercio global y la conducta indebida de las empresas. Un memorando del DOJ del pasado 13 de agosto indica que esta división contaría con unos 500 abogados para el 24 de agosto y que continuaría creciendo rápidamente durante los próximos dos años.
En lo que respecta al comercio, el memorando señala que la División de Fraudes liderará la estrategia coordinada de persecución penal del departamento, centrándose en las infracciones comerciales y aduaneras y en las cadenas de suministro contaminadas por el trabajo forzoso. Los fiscales se concentrarán en incumplimientos sistémicos y de alto impacto que amenazan la seguridad económica y nacional, incluyendo la priorización de la investigación y el procesamiento de esquemas ilícitos de transbordo, el fraude sobre el país de origen, la subvaloración de mercancías importadas destinada a eludir aranceles, la evasión de sanciones y los esquemas de trabajo forzoso en el extranjero.
Se prevé que esta labor se lleve a cabo a través de la Sección de Fiscalización del Comercio Global y la Actividad Comercial (GTCES), integrada en la División de Fraudes. El DOJ había declarado anteriormente que la misión de la GTCES es investigar y procesar delitos penales relacionados con la importación, el comercio y otras formas de fraude que perjudican a las industrias estadounidenses, eluden la recaudación de ingresos externos, amenazan la salud y la seguridad de los consumidores, financian a adversarios extranjeros, fomentan el trabajo forzoso mediante prácticas comerciales ilegales, y violan las leyes y normativas estadounidenses que regulan el comercio nacional e internacional.
En conjunto, estas iniciativas indican que los importadores deben esperar investigaciones federales más frecuentes – y más exhaustivas y sofisticadas – sobre el fraude comercial y aduanero. Por consiguiente, es aconsejable que los importadores se aseguren de contar con medidas de cumplimiento sólidas para hacer frente a este mayor escrutinio y evitar los costos financieros y reputacionales que pudieran derivarse de cualquier infracción y las consiguientes sanciones.
Como parte de sus gestiones, los importadores deberían consultar la guía titulada “A Resource Guide to Trade Fraud Enforcement” publicada por el DOJ y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS). Dicho documento aborda temas como el alcance de las normativas aduaneras y las leyes contra el fraude comercial, así como los distintos tipos de resoluciones civiles y penales aplicables en casos de fraude comercial. El análisis de STR sobre el contenido y el impacto de esta guía puede consultarse aquí en inglés.
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