Muchos miembros del sector comercial están instando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) a adoptar un enfoque mesurado en la implementación de la reforma de cumplimiento aduanero establecida por orden ejecutiva del Presidente Trump con fecha del 3 de junio.
La orden ejecutiva ordena un endurecimiento general de la aplicación de la normativa aduanera estadounidense con especial énfasis en la rendición de cuentas y la verificación de los importadores, restricciones sobre los importadores extranjeros, obligaciones de divulgación y sanciones más elevadas. El efecto práctico más inmediato probablemente será un aumento en la aplicación de la normativa, las fianzas, la presentación de datos y los requisitos de cumplimiento para los importadores registrados, especialmente los importadores registrados extranjeros.
La orden ejecutiva estipula que muchos de sus cambios deberán implementarse en un plazo de seis meses, lo que plantea la posibilidad de que se implementen mediante reglamentos que entren en vigor inmediatamente después de su publicación. Sin embargo, en una carta del 9 de julio decenas de organizaciones empresariales y asociaciones comerciales instaron a CBP a utilizar un proceso de elaboración de normas sólido y transparente que primero proponga cambios regulatorios y brinde la oportunidad de que el público participe antes de su aprobación final.
La carta argumenta que este enfoque garantizaría que cualquier nuevo marco normativo sea jurídicamente sólido y operativamente viable y esté dirigido adecuadamente a los actores y prácticas que presentan el mayor riesgo. También permitiría a las partes interesadas brindar retroalimentación práctica sobre los plazos de cumplimiento (incluida una posible implementación por fases), los cambios necesarios en los sistemas (por ejemplo, la actualización de los controles internos y la modificación de los sistemas de datos), la carga administrativa, los costos adicionales (por ejemplo, la capacitación del personal y el ajuste de los procesos de cumplimiento), y las posibles consecuencias no deseadas en el procesamiento de la carga, los tiempos de liberación y los costos del comercio lícito.
Una carta del 14 de julio de la Cámara de Comercio de EEUU se hizo eco de estas opiniones. Disposiciones clave de la orden ejecutiva, tales como la definición de “buen estado” (“good standing”), el establecimiento de niveles mínimos de fianza específicos, el alcance de los requisitos de divulgación y la metodología de clasificación de riesgos constituyen nuevos requisitos importantes que podrían requerir tiempo y recursos considerables para que las empresas estadounidenses recopilen, verifiquen y reporten. Según la carta, estos cambios podrían perjudicar inadvertidamente a la comunidad empresarial estadounidense en general, por lo que se debería brindar la oportunidad de proveer comentarios al respecto.
Ambas cartas también instaron a CBP a equilibrar el aumento de la vigilancia con medidas que faciliten el comercio legal, por ejemplo proporcionando a los importadores y socios de las cadenas de suministro que cumplan con la normativa reglas claras, procesos predecibles y económicamente eficientes, y un movimiento de carga eficiente. Las cartas señalaron que programas como CTPAT y CTPAT Trade Compliance simbolizan la larga y exitosa relación de trabajo entre el gobierno federal y la comunidad comercial para identificar y abordar las deficiencias en el cumplimiento normativo y demuestran el valor de un enfoque basado en el riesgo que ayuda a CBP a identificar a los comerciantes de confianza, concentrar los recursos en los envíos de mayor riesgo y preservar el flujo eficiente del comercio legítimo.
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