Varias agencias federales relacionadas con el comercio internacional experimentarán nuevas restricciones sobre su capacidad para emitir regulaciones en virtud de una orden ejecutiva emitida el pasado 18 de febrero.
La orden ejecutiva afirma que “las llamadas ‘agencias reguladoras independientes’… ejercen actualmente una autoridad ejecutiva sustancial sin rendir suficientes cuentas al presidente” y “se les ha permitido promulgar regulaciones significativas sin revisión por parte del presidente.” Para “garantizar la supervisión y el control presidencial de todo el poder ejecutivo”, la orden ejecutiva ordena a todos los departamentos y agencias ejecutivas, incluidas las agencias independientes, que presenten todas sus acciones regulatorias significativas, tanto propuestas como finales, a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios para su revisión antes de su publicación en el Registro Federal. Este requisito entrará en vigor el 21 de abril o cuando la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) haya completado la orientación para los jefes de departamentos y agencias ejecutivas que presenten nuevas acciones regulatorias, lo que ocurra primero.
La orden ejecutiva también (1) exige que las agencias reguladoras independientes consulten regularmente con la Casa Blanca y coordinen políticas y prioridades con ella, (2) ordena a la OMB que establezca y revise los estándares de desempeño y los objetivos de gestión para dichas agencias, (3) faculta a la OMB para ajustar las “distribuciones” (es decir, el gasto) de dichas agencias para que sean coherentes con las políticas y prioridades del presidente, y (4) prohíbe a dichas agencias adoptar interpretaciones de la ley –incluso mediante la emisión de regulaciones y guías – que entren en conflicto con las del presidente o el fiscal general.
Esta orden ejecutiva afectará a varias agencias cuyas áreas de regulación afectan al comercio internacional, incluida la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU (que establece estándares con los que deben cumplir los bienes importados y nacionales), la Comisión Marítima Federal (que garantiza las prácticas justas de envío) y la Comisión Federal de Comercio (que, entre otras cosas, regula el etiquetado “Hecho en EEUU”).
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