Para abordar los “aumentos históricamente grandes de los precios de envío” que las empresas y los consumidores de EEUU han sufrido en los últimos dos años, la administración del Presidente Biden ha anunciado una nueva iniciativa de cumplimiento y ha pedido al Congreso que reforme las leyes de envío.
En julio de 2021, la Comisión Marítima Federal (FMC) y el Departamento de Justicia (DOJ) firmaron un memorando de entendimiento para mejorar su cooperación en la aplicación de las leyes antimonopolio y de competencia, incluida la ley de envío, incluso facilitando el intercambio de información entre abogados, economistas y expertos técnicos. Para aumentar esa cooperación y promover aún más la competencia en el sistema de transporte marítimo de carga, las dos agencias anunciaron el 28 de febrero que el DOJ brindará a la FMC el apoyo de abogados y economistas de su División Antimonopolio para atajar las violaciones de la Ley de Transporte Marítimo y otras leyes relacionadas, mientras que la FMC proporcionará a la División Antimonopolio apoyo y experiencia en la industria marítima para las acciones de cumplimiento que se lleven a cabo bajo la Ley Sherman y la Ley Clayton.
“La competencia en la industria marítima es fundamental para reducir los precios, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro”, dijo el Fiscal General Merrick Garland. “Los infractores de la ley deben saber que el Departamento de Justicia brindará a la Comisión Marítima Federal todo el apoyo necesario en los litigios mientras continua su misión de promover la competencia en el transporte marítimo”. El DOJ también anunció recientemente una iniciativa relacionada para enjuiciar a las empresas (incluidas las de la industria del transporte marítimo) que coludan para cobrar de más a sus clientes bajo el pretexto de interrupciones en la cadena de suministro.
En una acción relacionada, el Presidente Biden ha pedido al Congreso que “apruebe reformas sólidas de la industria del transporte marítimo, incluidas reformas que aborden la inmunidad antimonopolio de la cual las alianzas de transporte marítimo se benefician actualmente.” Una hoja informativa de la Casa Blanca señaló que actualmente tres alianzas globales controlan el 80 por ciento de la capacidad global de buques portacontenedores y que a través de este poder de mercado “han aumentado drásticamente los costos de envío a través de aumentos de tarifas y otros cargos”, participando en prácticas perjudiciales para las empresas estadounidenses como cancelar o cambiar reservas y rechazar envíos de exportación, además de tomar acciones que “contribuyen directamente a la congestión de los puertos”. La hoja informativa culpó al Congreso de esta situación, afirmando que durante muchos años ha ampliado la inmunidad antimonopolio de los operadores al tiempo que debilita sus obligaciones de “revelar públicamente sus precios y tarifas y tratar a empresas y clientes de manera justa”.
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