He aquí un resumen de algunas de las actividades legislativas recientes de mayor relevancia.
De Minimis. El proyecto de ley H.R. 7979 (presentado el pasado 15 de abril por el representante Murphy, republicano por Carolina del Norte, y aprobado el 19 de abril por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes) (1) prohibiría el uso de la flexibilidad de minimis para las importaciones de bajo valor sujetas a derechos por dumping y/o subvenciones y/o aranceles bajo la Sección 301, la Sección 232 o la Sección 201; (2) adoptaría un nuevo requisito de clasificación de diez dígitos para todas las importaciones de minimis de países sujetos a aranceles bajo la Sección 301; y (3) establecería nuevas sanciones civiles (US$5,000 por la primera infracción y US$10,000 por infracciones posteriores) por infracciones asociadas con las importaciones de minimis. Según informes de prensa, el Comité de Medios y Arbitrios rechazó una propuesta para prohibir que todas las importaciones procedentes de China se beneficien de la flexibilidad de minimis.
Por otra parte, el proyecto de ley de “Paridad de Zonas de Libre Comercio de Estados Unidos” (H.R. 8059, presentado el pasado 17 de abril por los representantes Wenstrup, republicano por Ohio, y Correa, demócrata por California) permitiría a las empresas que operan en zonas de libre comercio estadounidenses utilizar procedimientos de entrada de minimis.
SGP. El proyecto de ley de “Reforma del SGP” (H.R. 7986, presentado el pasado 15 de abril por el Representante Smith, republicano por Nebraska, y aprobado el 19 de abril por el Comité de Medios y Arbitrios) renovaría el Sistema Generalizado de Preferencias hasta el 31 de diciembre de 2030, con efectos retroactivos a su fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2020.
Según un comunicado de prensa del comité, el proyecto de ley también (1) prohibiría permanentemente la participación de China en el SGP; (2) aumentaría los umbrales conocidos como “competitive needs limitations” de US$215 millones a US$500 millones para incentivar la migración de las cadenas de suministro fuera de China y hacia países aliados confiables; (3) incrementaría el umbral de valor mínimo de la regla de origen del SGP de un 35 a un 50 por ciento e incentivaría el uso de materias primas estadounidenses adicionales en productos elegibles bajo el programa; (4) establecería nuevos criterios de elegibilidad para los países participantes relacionados con las exportaciones agrícolas, el comercio digital, y las cuestiones laborales y ambientales; (5) excluiría del programa a países con crecientes vínculos militares y económicos con China; y (6) establecería un proceso de petición acelerado para agregar productos o eliminarlos del programa.
Trabajo Forzoso. El proyecto de ley H.R. 7981 (presentado el pasado 15 de abril por el representante Smith, republicano por Nueva Jersey, y aprobado el 19 de abril por el Comité de Medios y Arbitrios) requeriría que el Grupo de Trabajo Sobre el Trabajo Forzoso liderara una investigación exhaustiva sobre el uso del trabajo forzoso en la industria minera de cobalto de la República Democrática del Congo y desarrollara una estrategia para garantizar que el cobalto extraído mediante trabajo forzoso no ingrese al mercado estadounidense.
Una hoja informativa sobre este proyecto de ley afirma que dicha investigación identificaría los productos y sectores prioritarios sobre los que el gobierno estadounidense debería aplicar su prohibición bajo la Sección 307 sobre las importaciones realizadas con trabajo forzoso, y también consideraría el riesgo de transbordo o productos transformados que puedan reingresar a EEUU a través de un tercer país. Un comunicado de prensa de la oficina del Representante Smith señala que China procesa el 90 por ciento del cobalto del mundo, que se utiliza para impulsar vehículos eléctricos, paneles solares y otros productos ecológicos, y que, según se informa, las entidades chinas tienen participaciones en 15 de las 19 minas de cobalto de la República Democrática del Congo.
En una carta con fecha del 16 de abril, los dos líderes del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino instaron al Secretario de Estado Antony Blinken a “ampliar y elevar los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para combatir el trabajo forzoso patrocinado por el estado [chino].” La carta acogió con satisfacción las prohibiciones de importación que algunos aliados y socios han impuesto sobre los productos chinos fabricados con trabajo forzoso pero expresó su preocupación de que no cumplan con los estándares de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur y, por lo tanto, estén “llevando a las empresas a construir dos cadenas de suministro separadas.” Los esfuerzos diplomáticos deberían centrarse en primer lugar en la Unión Europea y el Reino Unido, indica la carta, “que algunos han descrito como 'vertederos' para estos productos cuya importación a Estados Unidos está prohibida de otro modo.”
China. El proyecto de ley “Para Poner Fin al Dominio Chino de los Vehículos Eléctricos en Estados Unidos” (H.R. 7980, presentado el pasado 15 de abril por la representante Miller, republicana por Virginia Occidental, y aprobado el 19 de abril por el Comité de Medios y Arbitrios) excluiría del crédito fiscal del cual se benefician los vehículos limpios a los vehículos cuyas baterías contengan materiales provenientes de entidades extranjeras prohibidas.
Mientras tanto, el proyecto de ley para “Asegurar la Agricultura Estadounidense” (H.R. 8003, presentado el pasado 15 de abril por las representantes Hinson, republicana por Iowa, y Slotkin, demócrata por Michigan) ordenaría al Departamento de Agricultura de EEUU que publique una evaluación anual sobre la dependencia estadounidense de productos o insumos agrícolas críticos chinos.
Acuerdos Comerciales. El proyecto de ley para “Detener la Extralimitación Ejecutiva en los Acuerdos Comerciales” (H.R. 7983, presentado el pasado 15 de abril por la representante Fischbach, republicana por Minnesota, y aprobado el 19 de abril por el Comité de Medios y Arbitrios) definiría el término “acuerdo de libre comercio” a efectos del crédito fiscal para los vehículos limpios como acuerdos que (1) son aprobados por el Congreso y (2) eliminan restricciones sobre sustancialmente todo el comercio con el país socio. Una hoja informativa sobre el proyecto de ley afirma que pondría fin al uso por parte de la administración del Presidente Biden de acuerdos sobre minerales críticos como si fueran TLCs y, por lo tanto, requeriría la negociación de acuerdos comerciales tradicionales que abran mercados extranjeros a bienes y servicios estadounidenses para que más suplidores extranjeros se beneficien del crédito fiscal.
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