Background

Las políticas restrictivas de datos, los subsidios industriales y el uso del trabajo forzoso se encuentran entre las barreras comerciales descritas en el informe anual de Estimación Nacional del Comercio (NTE, por sus siglas en inglés) publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Si bien el informe afirma que dichas barreras se pueden perseguir bajo la ley comercial de los EEUU, así como a través de la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos de libre comercio de EEUU, no indica qué pasos podría tomar el USTR para solucionar estos problemas.

El informe NTE describe miles de barreras comerciales específicas – sin importar si son o no consistentes con las reglas internacionales de comercio – aplicadas por 64 socios comerciales y grupos de países que representan el 99 por ciento del comercio de bienes y el 85 por ciento del comercio de servicios de EEUU. Entre los países Iberoamericanos mencionados en el informe se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, la República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

Las barreras mencionadas incluyen leyes y regulaciones gubernamentales o medidas, políticas y prácticas impuestas por el gobierno que: (1) restringen o impiden el intercambio internacional de bienes y servicios; (2) protegen los bienes y servicios nacionales de la competencia extranjera; (3) estimulan artificialmente las exportaciones de determinados bienes y servicios nacionales; (4) no proporcionan una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual; (5) obstaculizan indebidamente la inversión extranjera directa o el comercio electrónico de EEUU; o (6) imponer barreras a los flujos de datos transfronterizos.

Entre las barreras que el informe destaca como significativas se encuentran las siguientes:

- medidas sanitarias y fitosanitarias en México que no están basadas en evidencia científica;

- requisitos y administración no transparente de licencias de importación en Ecuador;

- barreras comerciales digitales, como políticas restrictivas de datos, en Brasil y Ecuador;

- trabajo forzoso y otros problemas de derechos laborales en Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Perú;

- reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad onerosos en México y Panamá; y

- normas excluyentes de seguridad automotriz en Colombia y México.

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