La imposición de aranceles a la importación por motivos de seguridad nacional obtuvo más apoyo esta semana cuando la Corte Suprema se negó a escuchar un caso que impugnaba los aranceles impuestos bajo la Sección 232 sobre las importaciones de productos de acero. Esta decisión deja intacto un fallo emitido el pasado verano por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC) que confirmó en gran medida un fallo de febrero de 2021 de la Corte de Comercio Internacional (CIT).
Después de que en 2018 la administración del Presidente Trump impusiera aranceles adicionales sobre el acero bajo la Sección 232, los tribunales han confirmado estos aranceles en gran medida en una variedad de casos. En julio de 2021, la CAFC confirmó una decisión presidencial de duplicar los aranceles sobre el acero originario de Turquía, un fallo ahora definitivo después de que la Corte Suprema optara por no considerar ese caso. A principios de este año, la CAFC falló a favor de la extensión de los aranceles impuestos bajo la Sección 232 a los derivados del acero. Y en marzo de 2019, los tribunales rechazaron un argumento de que la delegación al presidente por parte de la Sección 232 de la autoridad congresual para establecer aranceles y regular el comercio era inconstitucional.
Los aranceles de la Sección 232 también han sido defendidos por la administración del Presidente Biden, que ha argumentado que se impusieron por motivos de seguridad nacional y, por lo tanto, no están sujetos a impugnación en la Organización Mundial del Comercio. Dado que la Casa Blanca equipara cada vez más la seguridad económica con la seguridad nacional, se ha especulado que se podrían imponer más aranceles bajo la Sección 232 en el futuro. Las recientes acciones judiciales podrían envalentonar aún más a los partidarios de tales acciones.
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