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El Departamento de Justicia de EEUU anunció el pasado 9 de junio la emisión de directrices actualizadas sobre la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según la FCPA, es ilegal que una persona o empresa estadounidense ofrezca, pague o prometa pagar dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero con el fin de obtener o retener negocios. Una persona o empresa estadounidense también puede ser cualquier funcionario, director, empleado o agente de una empresa o cualquier accionista que actúe en nombre de la empresa, y un funcionario extranjero puede ser un partido político extranjero o un candidato a un cargo político extranjero.

La FCPA también abarca la autorización de cualquier dinero, oferta, obsequio o promesa que autorice la entrega de algo de valor a cualquier persona sabiendo que todo o una parte de ese dinero se ofrecerá, dará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario extranjero con el fin de ayudar a la persona o empresa estadounidense a obtener o retener negocios. Además, la FCPA cubre a personas o empresas extranjeras que cometan actos para promover dicho soborno en EEUU, así como a empresas públicas estadounidenses o extranjeras que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses o que están obligadas a presentar informes periódicos a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.

El Departamento de Justicia ha aplicado activamente la FCPA pero una orden ejecutiva emitida a principios de este año afirmó que esta ley “se ha extralimitado sistemáticamente, y en un grado cada vez mayor, y se ha abusado de ella de una manera que perjudica los intereses de Estados Unidos.” La orden ejecutiva explicó que “la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses – por parte de nuestro propio gobierno – por prácticas comerciales rutinarias en otros países no solo desperdicia recursos fiscales limitados que podrían dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que perjudica activamente la competitividad económica estadounidense y, por consiguiente, la seguridad nacional.”

Por lo tanto, el Departamento de Justicia ha revisado sus directrices y políticas que rigen las investigaciones y acciones de cumplimiento bajo la FCPA, las cuales se aplicarán a todos los procedimientos actuales y futuros.

En concreto, a partir del 9 de junio los fiscales (1) se centrarán en casos en los que las personas hayan incurrido en conductas delictivas indebidas y no atribuirán irregularidades no específicas a estructuras corporativas; (2) procederán con la mayor celeridad posible en sus investigaciones; y (3) considerarán las consecuencias colaterales, tales como la posible interrupción de las actividades comerciales legítimas y el impacto sobre los empleados de la empresa, a lo largo de dichas investigaciones y no solo en la fase de resolución.

Los fiscales también considerarán ciertos factores para determinar si se deben iniciar investigaciones y acciones de cumplimiento bajo la FCPA, incluyendo si la presunta mala conducta (1) está relacionada con las operaciones delictivas de un cártel o una organización criminal transnacional, o (2) privó a entidades estadounidenses específicas e identificables de un acceso justo a la competencia y/o resultó en un perjuicio económico a empresas o individuos estadounidenses específicos e identificables. La aplicación de la ley también se centrará en (1) las amenazas más urgentes a la seguridad nacional de EEUU derivadas del soborno de funcionarios extranjeros que involucre infraestructura o activos clave, y (2) la presunta mala conducta que presente fuertes indicios de intención corrupta vinculada a individuos específicos, en lugar de la presunta mala conducta que involucre prácticas comerciales rutinarias o el tipo de conducta corporativa que implique cortesías comerciales de minimis o de bajo costo generalmente aceptadas.

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