Un reciente informe del Atlantic Council detalla una serie de medidas que podrían utilizarse para acelerar la deslocalización, un término que se utiliza habitualmente para referirse al traslado de la producción desde China hacia países más cercanos a Estados Unidos.
Según el informe, en los últimos cinco años acontecimientos como las tensiones entre EEUU y China, la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania “pusieron de manifiesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro.” La región de América Latina y el Caribe está “perfectamente posicionada para apoyar una estrategia ‘China+1’” debido a factores como los tratados de libre comercio con EEUU, la proximidad geográfica, y la abundancia de minerales críticos y formas de energía renovable. Esta deslocalización beneficiaría a las economías regionales, que podrían sumar unos US$78 billones en exportaciones de bienes y servicios en el corto y mediano plazo, así como a EEUU, al ayudar a sus empresas a diversificar sus fuentes de suministro y construir cadenas de suministro resilientes.
El informe se centra en las formas en que EEUU y los gobiernos regionales pueden trabajar juntos para hacer realidad estas oportunidades de deslocalización. En los países latinoamericanos, las medidas incluyen (1) la modernización de las infraestructuras portuarias para reducir los costos de transporte asociados con el nearshoring, (2) el aprovechamiento de la modernización regulatoria y la armonización de los procesos aduaneros para mejorar el comercio y la coproducción intrarregionales, (3) la creación de marcos regulatorios para las energías renovables a fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y actualizar las líneas de transmisión para lograr una electricidad confiable, y (4) la oferta de reglas predecibles para los inversionistas mediante el fortalecimiento de las agencias regulatorias independientes y la digitalización de los servicios públicos.
En el caso de EEUU, el informe recomienda (1) trabajar con los países socios para asegurar que las disposiciones de los TLCs actuales se utilicen de la mejor manera posible para promover el nearshoring y la resiliencia y sostenibilidad de las cadenas de suministro; (2) adaptar las políticas de desarrollo e inversión a los objetivos estratégicos, eliminando las restricciones institucionales a los préstamos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU a la región; y (3) incluir la amplia gama de programas y agencias del gobierno estadounidense como una herramienta de compromisos bilaterales intragubernamentales para catalizar el nearshoring.
Otras medidas sugeridas incluyen la incorporación de la participación del sector privado en el proceso de toma de decisiones de las agencias de promoción de inversiones y las zonas de libre comercio para que ambas herramientas sean más eficaces, y proporcionar incentivos bien orientados para que las industrias ganadoras sigan creciendo, evitando de ese modo, “el drenaje innecesario de recursos fiscales para industrias que aún no han demostrado su rendimiento”.
Los representantes María Elvira Salazar, republicana por Florida, y Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, indicaron en un prólogo incluido en el informe que sus “propuestas reales y prácticas” pueden ayudar a que el nearshoring pase de la retórica a la realidad. Señalaron que el informe comparte los mismos objetivos de renovar las asociaciones críticas de EEUU y disminuir la influencia económica de China que la Ley de las Américas, un proyecto de ley (S. 3878 y H.R. 7571) bipartidista presentado a principios de este año que, entre otras cosas, (1) proporcionaría hasta US$70 billones en préstamos y subvenciones para ayudar a las empresas a relocalizar y deslocalizar industrias desde China, (2) establecería una vía para que los países de la región se unan al Tratado entre EEUU, México y Canadá, (3) solidificaría las cadenas regionales de suministro de textiles y prendas de vestir, (4) reforzaría la aplicación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, y (5) ayudaría a garantizar el cumplimiento comercial y a contrarrestar las actividades delictivas en los puertos regionales.
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