La Aduana de EEUU intentó por primera vez simplificar y estandarizar la determinación del país de origen en 1991, perfeccionó su propuesta en 1994 al tiempo que implementaba las reglas de origen del TLCAN / NAFTA, y finalmente desistió de aplicar las reglas más específicas del TLCAN para cada producto de forma universal (excepto para textiles y prendas de vestir) en 1996.
Hace casi 20 años (en 2008), la Aduana (ahora CBP) lo intentó nuevamente. En esa ocasión propuso extender las reglas basadas en el cambio de clasificación arancelaria para crear un estándar de origen uniforme para todas las importaciones, a menos que un acuerdo comercial exigiera un análisis diferente. CBP argumentó que esas reglas serían más objetivas, transparentes y predecibles que la adjudicación caso por caso existente y ayudarían a los importadores a actuar con la debida diligencia. La agencia también señaló que había participado activamente en los esfuerzos de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas para desarrollar reglas de origen no preferenciales estandarizadas. Pero el sector comercial no lo aceptó y CBP retiró su propuesta en 2011.
Este año, un nuevo informe de la Casa Blanca sobre el transbordo ilegal afirma que las reglas de origen actuales son complejas y engorrosas, especialmente para los productos elaborados con componentes fabricados en varios países. El informe también critica el fundamento jurídico de dichas reglas, señalando que se basan principalmente en la jurisprudencia aduanera en lugar de en una ley precisa. Esto, argumenta, puede dar lugar a una aplicación inconsistente y crear un mecanismo sencillo para la evasión arancelaria. En otras palabras, las importaciones pueden cumplir con la letra de la ley pero carecer de lo que esta Casa Blanca considera su espíritu.
El informe insta al Congreso a enmendar y codificar estas reglas de origen, lo que podría justificar la revisión de la antigua propuesta de CBP. Podría ofrecer un anticipo – o al menos un punto de partida – de lo que pudiera acontecer si los legisladores deciden que las reglas de origen estadounidenses necesitan menos interpretación caso por caso y más estructura legal.
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