El Departamento de Justicia de EEUU informa que una filial de una empresa española con sede en Venezuela pagará más de US$85.2 millones como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido que resuelve una investigación sobre un plan para sobornar a funcionarios del gobierno venezolano en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Las dos empresas también se han comprometido a mejorar sus programas de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado e informarán al gobierno estadounidense sobre la remediación e implementación de dichos programas.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, la filial sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para que participaran en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos comprando equipos a precios inflados a dos proveedores que canalizaron los sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en EEUU en nombre de la empresa.
El Departamento de Justicia señala que la subsidiaria recibió crédito por su cooperación con la investigación así como por sus oportunas medidas correctivas, que incluyeron (1) desarrollar y empoderar una función de cumplimiento independiente y garantizar que se revisen todas las transacciones con precios no estándar, (2) nombrar un director de cumplimiento con acceso directo al comité de auditoría de la junta directiva, (3) invertir en recursos de cumplimiento adicionales en todas sus operaciones globales, (4) revisar, mejorar y testar sus controles internos más amplios para precios y otras transacciones con la asistencia de una firma de contabilidad forense, (5) fortalecer sus procesos para investigar, involucrar y monitorear a terceros, y (6) establecer procesos de evaluación de riesgos y auditoría para revisar y actualizar regularmente el programa de cumplimiento y mitigar de otras formas los riesgos comerciales.
En una acción no relacionada, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU (CPSC) ha aceptado provisionalmente un acuerdo por el cual una empresa canadiense pagará una multa civil de US$16 millones para resolver cargos de que, a sabiendas, no informó inmediatamente a la CPSC sobre ciertos defectos en sus productos. Cualquier persona interesada puede solicitar a la CPSC que no acepte este acuerdo o hacer cualquier otro comentario sobre su contenido no más tarde del 4 de diciembre.
La CPSC afirma que, además de imponer una multa monetaria, el acuerdo de conciliación exige que la empresa mantenga controles y procedimientos internos diseñados para garantizar el cumplimiento de la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor, incluidas mejoras específicas de su programa de cumplimiento. Además, la empresa ha acordado presentar tres informes anuales sobre su programa de cumplimiento, sus controles internos y sus auditorías internas de la eficacia de sus políticas, procedimientos, sistemas y formación en materia de cumplimiento.
La CPSC ha acordado suspender la totalidad de la multa, salvo US$4 millones, en base a la exactitud, veracidad e integridad de los documentos proporcionados por la empresa y a sus declaraciones juradas de que pagar una multa más alta le causaría dificultades financieras significativas y le obligaría a cesar sus operaciones.
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