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La administración del Presidente Biden anunció recientemente una propuesta regulatoria que eliminaría 70 de los 109 artículos que actualmente figuran en una lista de bienes que se presume que no están disponibles de fuentes estadounidenses y, por lo tanto, están exentos de las normas de adquisición federales en virtud del “Buy American Act.” La Casa Blanca indicó que este cambio apoyaría a los fabricantes y a las cadenas de suministro estadounidenses al promover una mayor investigación de mercado y fomentar la inversión en la producción nacional de los bienes en cuestión. Cualquier comentario sobre esta propuesta deberá presentarse no más tarde de 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

Según una hoja informativa, los artículos que serían eliminados de la lista en función de la capacidad de producción nacional demostrada incluyen ciertos tipos de carne de res, petróleo/petróleo crudo, cadmio y talco. Los artículos que serían eliminados de la lista debido a preocupaciones asociadas con la seguridad nacional y de las cadena de suministro incluyen chips de microprocesadores, minerales críticos y minerales de tierras raras, incluidos el níquel, platino, tungsteno, tantalio, manganeso, cobalto, cadmio y bauxita. Según la propuesta, las agencias federales estarían obligadas a publicar las exenciones propuestas para cada adquisición en la que planeen adquirir dichos artículos de fuentes extranjeras, y se requeriría una exención final cuando un artículo no se adquiera en EEUU o de un socio del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio o con el cual EEUU tenga un acuerdo comercial.

La propuesta señala que la lista actual de artículos no disponibles comprende una amplia combinación de recursos naturales, compuestos, materiales y otros artículos de suministro. Si bien algunos de estos artículos no tienen fuentes de producción nacional conocidas y no hay “evidencia sustancial de que haya un aumento importante en la disponibilidad de los artículos” propuestos para su eliminación, la propuesta alega que “hay evidencia de que hay capacidad para muchos” de esos artículos. La administración estima que continuar con la presunción general de no disponibilidad de dichos bienes “puede desincentivar el abastecimiento nacional al señalar una falta de confianza en la capacidad de los fabricantes nacionales para satisfacer la demanda actual del gobierno federal o aumentar la capacidad para satisfacer la demanda futura.”

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